El Antifascismo como arma de contrainsurgencia

Suiza es una bestia demoniaca que funciona como un importante centro para el comercio internacional de materias primas. También está explotando una población migrante considerable en su territorio. Muchos chilenos viven en Suiza. La principal exportación de Suiza es el oro refinado y la sangre refinada. Se nota en su bandera una vez que la miras.

Es fácil explicar por qué la ideología del antifascismo sirve a los objetivos de la contrainsurgencia en Suiza. El antifascismo en Suiza es una doctrina de Estado en este país, desde la segunda guerra mundial. Ante la amenaza de invasión por parte de la Alemania nazi, los partidos de derecha y liberales de Suiza formaron un gobierno de unidad con los socialdemócratas. Esta unidad en el gobierno adoptó una doctrina para −lo que ellos llamaron− la defensa espiritual de la nación. Y aunque esta unidad de partidos de derecha e izquierda está en constante cambio de composición −aun así−, continua hasta hoy gobernando el país sin ninguna oposición.

Suiza es un Estado imperialista, corporativista y proteccionista, postfascista. Es un país en el que la población nativa ha sido promovida para ser trabajadores del capital al mando de mano de obra migrante. Estos capataces, predominantemente suizos, viven en condiciones relativamente seguras y bien remuneradas. Mientras que la base material de este estilo de vida está siendo pagada por las masas oprimidas del mundo.

Soy miembro de la Industrial Workers of the World-IWW (Trabajadores Industriales del Mundo). Nuestros compañeros trabajadores[1] sufrieron graves accidentes laborales en el taller de una planta bioquímica prácticamente nueva, construida por la multinacional estadounidense Biogen en Suiza. Los compañeros sufrieron quemaduras a causa de los productos químicos y la maquinaria que debían limpiar durante su funcionamiento. Vi fotos de compañeros que salían del turno sangrando por los oídos y la nariz. No se les permitía ver al médico presente en las instalaciones. No se les permitía beber agua de las fuentes de la empresa. Tenían que trabajar sin un fin de semana libre garantizado, en turnos creo que, de 13 horas, con equipos pesados. Cuando los compañeros ven a un suizo en el trabajo, se trata de un jefe. Tales son las condiciones de trabajo en el país de los sueños de la derecha liberal del mundo.

Sobre esta situación, la izquierda suiza está derramando su mala conciencia mientras se compadece de nosotros, los inmigrantes. Argumentando que nosotros como clase debemos votar a tal o cual partido de lamebotas, para que evitemos lo que ellos llaman fascismo o extrema derecha. Todo esto mientras nuestros compañeros están ahora mismo en una lucha ante los tribunales en la antigua ciudad suiza de Basilea. La ciudad donde se encuentran las sedes centrales de empresas como Nestlé y Novartis. Debido a que un compañero de trabajo contó a la prensa las condiciones de trabajo en la planta mientras estaba en las instalaciones de la empresa, fue despedido. En Suiza está prohibido por ley hablar al público en el lugar de trabajo.

Una federación de sindicatos de base, entre los que se encuentra la IWW, ha interpuesto una demanda contra este despido. Los abogados contratados por la multinacional Biogen y sus subcontratistas (con oficinas aquí en Chile −a la vuelta de la esquina−) contra la IWW, son descendientes de una vieja, blanca y patriota familia de la clase dominante (los Burckhardt) de Basilea. Esta fina familia burguesa remonta su dominio desde la época del Renacimiento europeo, en 1490. Y esto les quiero señalar: las campañas xenófobas y clasistas de la derecha son una herramienta, no contra la inmigración en sí, sino para mantenernos desfavorecidos, no solo ante la ley, sino en la vida cotidiana. Después de todo, nos quieren a los inmigrantes aquí, disciplinados y trabajando.

Este comportamiento antisocial en las filas de nuestra clase, esta autocomplacencia narcisista, mientras, como especie humana, en este momento nos enfrentamos cada vez más a la catástrofe de toda la sociedad, no es sólo una prerrogativa de la derecha. Se oye el mismo discurso en las filas de la izquierda política y parlamentaria, cuando sus funcionarios nos instan a votar, levantando el dedo como los pedagogos y buenos policías que son, advirtiéndonos a los trabajadores de la amenaza del fascismo y la dictadura, si preferimos no hacerlo. Quieren que votemos a un sistema que nos esclaviza y que es, en definitiva, una pura forma sin contenido.

Así que, por favor, discúlpenme, pero antes de responder a la pregunta sobre el antifascismo, tengo que arrojar una luz y desarrollar algunos conceptos sobre nuestras democracias postfascistas para que nos quede claro, qué se entiende por el concepto de antifascismo hoy en día. Por favor, quédense conmigo. Y disculpen que lo diga, pero dada la intensificación del trabajo en las metrópolis desde los años 70, la gente debería tener mejores cosas que hacer que desperdiciar su pensamiento en el funcionamiento de la democracia. Pero aquí estamos. Lo hacen. Ahora, ¿qué debemos, según nuestros amos, estar apoyando?

A primera vista, la democracia tiene mucho sentido. Parece ser buena para nosotros y para nuestros intereses. Dentro de la democracia existe una obligación ideal de atribuir el poder al pueblo. Sin embargo, al mismo tiempo existe una pretensión real de la oligarquía de gobernar sobre el pueblo. Esto lleva a una contradicción general. La contradicción existe entre la pretensión individual de gobernar y el contenido de las sociedades modernas, que son sociedades de masas basadas en la división del trabajo. Por lo tanto, en las sociedades modernas todo Estado debe dar cuenta de las masas en su territorio. Darles una expresión. Una Constitución hace precisamente eso. Para una Constitución democrática burguesa, Karl Marx, a quien cito aquí, está criticando una contradicción que las engloba. Escribe:

“Pero la contradicción de más envergadura de esta Constitución consiste en lo siguiente: mediante el sufragio universal, otorga la posesión del poder político a las clases cuya esclavitud social debe eternizar: al proletariado, a los campesinos, a los pequeñoburgueses. Y a la clase cuyo viejo poder social sanciona, a la burguesía, la priva de las garantías políticas de este poder. Encierra su dominación política en el marco de unas condiciones democráticas que en todo momento son un factor para la victoria de las clases enemigas y ponen en peligro los fundamentos mismos de la sociedad burguesa. Exige de los unos que no avancen, pasando de la emancipación política a la social; y de los otros que no retrocedan, pasando de la restauración social a la política” .[2]

Marx dice que, con una Constitución democrática y el sufragio universal, ya no hay ninguna garantía política para la burguesía de que su poder social no le será arrebatado repentinamente. Pero precisamente este retroceso del dominio político −la pérdida de su garantía política de dominio− es hasta ahora el mayor triunfo de la burguesía. Porque los conflictos sociales se dirigen ahora como conflictos políticos al Estado.

Con una Constitución existe, sin embargo, una ampliación formal de las libertades civiles, pero el contenido de estas libertades es restringido. Porque para las masas también puede existir la posibilidad de reclamar el poder político, pero el poder político está separado del poder social. La extensión del poder social de la clase significaría la politización de las relaciones de producción. Pero en estas relaciones de producción es donde se asienta el poder social de la burguesía. Por lo tanto, el Estado burgués simplemente no puede otorgar el poder a las masas, está atado al propósito de asegurar la propiedad privada.

En la conciencia cotidiana, entonces, exactamente esta dependencia funcional −el propósito del Estado de asegurar la propiedad privada− desaparece, se desvanece tras la apariencia del Estado como encarnación del principio común y general de la soberanía popular. Y, por tanto, el Estado encarna el bien común y, al conceder el acceso al gobierno político a los desposeídos, transmite con éxito la conciencia de ciudadanía hasta los estratos más bajos de la clase. En definitiva, una Constitución democrática es una performance de integración −o de domesticación− por excelencia.

Al negar la realidad de los intereses de clase irreconciliables, en un Estado democrático, el antagonismo entre el capital y el trabajo se mediatiza como un mero sentimiento consumidor que reclama ser reconocido como tal o cual identidad, mezclada dentro de un pluralismo de intereses que se orientan todos en su conciencia social hacia la esfera de la distribución o las políticas distributivas del Estado. Exactamente este interclasismo es un resultado histórico del fascismo −la versión uniforme y pluralista de los partidos populares democráticos, y, sus sindicatos de izquierda y derecha, se encuentran como una expresión progresiva de su predecesor histórico−, el partido de unidad fascista y los sindicatos de unidad fascista. Es llamativo que instituciones sociales como la del jardín infantil en Italia o la seguridad social en Alemania se valoren como logros sociales muy modernos de la nación democrática, mientras que en realidad se aplicaban como Otto von Bismark.

Para el partido popular constitucional de toda la vida, ya no hay conflicto, todas las identidades se vuelven correctas, todos se unen contra el enemigo del pueblo, etc. La primera tarea histórica del fascismo fue disolver el proletarismo sin tocar el capitalismo. El resultado del fascismo es el Estado autoritario en su vertiente neoliberal post-fascista que tenemos hoy. Este Estado autoritario se basa en la voluntad de los privilegiados de hacer sacrificios mientras la libertad y la prosperidad puedan ser protegidas.

Insisto en que lo que caracteriza a la democracia posfascista, o lo que consiguió el fascismo históricamente, lo que es nuevo, es ante todo la formación de la sociedad en la línea de un compromiso interclasista. Y a pesar del aumento del número de revueltas en todo el planeta, ninguno de los movimientos hasta la fecha, se acerca a cuestionar el poder social de la burguesía. Todos los levantamientos han sido recuperados por formas políticas.

Pero la forma política es el límite de la emancipación.

Por poner un ejemplo reciente. En 2004, un ministro o algo así de la izquierda radical en el gobierno de la capital y del estado de Berlín vendió la mayor parte del stock de viviendas sociales al mercado. De este modo −como se afirmó− se salvó al Estado de la quiebra. Un objeto vendido en 2004 tenía un valor contable de 405 millones, que hoy vale 7 billones.

Hoy, el mercado de la vivienda y con él, los conflictos sociales van en aumento. Cito al grupo autónomo Los Amigos y Amigas de la Sociedad sin Clases sobre la situación de la vivienda en Berlín, con su texto, “Ningún barco nos vendrá a salvar”:

“Durante muchos años, los alquileres de la ciudad eran más bajos que en la mayoría de los lugares alemanes, por no hablar de otras capitales europeas como Londres o París. Sin embargo, en los últimos diez años, la población de Berlín ha crecido en 400.000 personas −más del diez por ciento− y el gobierno local prácticamente ha dejado de construir viviendas asequibles. Esto ha llevado a que los alquileres aumenten considerablemente: un cuarenta y dos por ciento (para nuevos arriendos) desde 2016, más que en cualquier otro lugar del país. Y con una tasa de propiedad de la vivienda de apenas el quince por ciento, este problema afecta a una enorme parte de la población.

En este contexto, algunos activistas de izquierda iniciaron un referéndum sobre la expropiación de los stocks de viviendas de las empresas en la ciudad. Con el nombre de una de esas corporaciones inmobiliarias, la iniciativa 'Expropiar Deutsche Wohnen & Co.' (EDW) consiguió primero un gran número de voluntarios para recoger las 170.000 firmas necesarias y luego, en septiembre de 2021, ganó en las urnas con un 56,4% de votos a favor.

[¡Pero!]

Incluso si la expropiación prevista fuera simplemente una venta forzosa, representaría una intromisión en la sagrada libertad de propiedad. Por eso, el Senado ha dicho en repetidas ocasiones que una medida así enviaría 'una señal equivocada'.

Ahí está el problema de todo gobierno de izquierdas: también él debe cortejar al capital, porque sin inversión no hay puestos de trabajo ni ingresos fiscales. Y ahí está, por consiguiente, el meollo de la campaña: por mucho que tenga un tono pragmático y ejerza experiencia presupuestaria, el paso que exige es uno que ni siquiera un Senado de izquierda es probable que tome. Algunos representantes de la campaña son conscientes de las consecuencias previsibles de la expropiación, pero no ven ningún problema en ello: 'Si la agencia de calificación Moody's amenaza a Berlín con rebajar su calificación crediticia, nosotros decimos con nuestra campaña: sí, aléjate. No los queremos aquí'.

Ningún gobierno, por muy nominalmente de izquierdas que sea, puede adoptar esa postura si todavía tiene medio cerebro de derecha. Pero la campaña ha decidido depositar todas sus esperanzas en el gobierno. [Los Amigos y Amigas argumentan] Lo que sin duda asustaría a la clase trabajadora realmente existente sería un hundimiento del referéndum. 'Las victorias, en cambio, inspiran y crean confianza', escriben dos defensores de la campaña. Pero este tipo de fracaso es inevitable. Al final, es probable que se produzca una enorme desmoralización: el incansable esfuerzo de varios miles de activistas habrá sido, con toda probabilidad, inútil. O bien el Senado diluye el asunto y se llega a un compromiso que no ayuda a nadie, o bien, en contra de lo esperado, presenta una ley para comprar 240.000 departamentos a bajo precio, en cuyo caso intervendrán los tribunales. O, y esto sería un resultado aún más fatal políticamente, la 'expropiación' pasará, pero la 'locura de renta' continuará corriendo rampante”.[3]

La única opción sana que nos queda es recuperar esta lucha política como una lucha social revolucionaria contra el Estado. Porque al final −como argumentan Los Amigos y Amigas− ningún barco vendrá a salvarnos. Pero si esto ocurre, si el proletariado rechaza la difusión política de su interés social inmediato, una vez que la comuna de Berlín brote finalmente, la amenaza del fascismo y de una guerra sangrienta sería segura. En cuanto a la clase dominante, el Estado debe ser fuerte y la economía libre. Porque lo que la burguesía teme, es la politización de su base social después de haber perdido su garantía política para gobernar.

El fascismo promete que, si la despolitización de la sociedad y el estilo tecnocrático de gestión política son cuestionados por el proletariado, este objetivo puede ser alcanzado mediante el terror organizado contra las masas. Pero gracias a la pasividad actual de las masas, gracias a la eficacia de la propaganda electoral y constitucional, para la clase dominante hoy en día, simplemente no hay necesidad todavía de organizar e incurrir en el coste improductivo de un terror estatal extendido contra ellas.

Una dimensión de esta propaganda pro-capitalista y estatista es la ideología del antifascismo como arma de contrainsurgencia. Bueno, hay una dimensión del antifascismo, que infunde miedo en los corazones y las mentes de aquellos pro-revolucionarios que decidieron que sería mejor para uno mismo y para la humanidad dejar este paisaje infernal para una vida mejor. Nadie sabe si la clase dominante prefiere evaporar el planeta antes que renunciar a su poder. En este sentido, la “Acción Antifascista” tiene un vínculo muy directo con la contrainsurgencia para aquellos que sostienen que la tarea de la emancipación humana es imposible de lograr de todos modos.

Pero para los enemigos de una revolución mundial comunista la vida es un infierno y un sufrimiento y quizás un infierno en el futuro. ¿Son masoquistas los que realmente creen que el capitalismo es capaz de reformar el mundo y convertirlo en un lugar mejor? No. Lo que llama la atención es el hecho de que el evangelio del antifascismo sea predicado precisamente por aquellas personas que no se escudan en él, que ellas mismas y como organizaciones abandonaron cualquier pensamiento riguroso sobre el mundo real en favor de la salvaguarda de sus propios privilegios en sus comunidades cerradas, en las metrópolis, en sus pequeños trabajos formales o retirados en las sedes del gobierno. Que el mundo se vaya al infierno.

Al mismo tiempo, los gobiernos progresistas parecen impotentes para detener el avasallamiento del Estado autoritario sobre lo que queda de nuestras libertades civiles. En todo el planeta se promulgan políticas cada vez más represivas con el argumento de proteger la Constitución. Por ejemplo, los ciudadanos suizos votaron a favor de una ley, el año pasado, que faculta a la policía para encarcelar a los niños y obligarlos a trabajar a voluntad, si se atreven a hablar en público de derrocar al Estado.

Veo dos tendencias históricas en juego. En primer lugar, como he argumentado, la burguesía se abstuvo de gobernar políticamente. La tendencia hacia un Estado autoritario no sólo está impulsada por la manipulación de los que tienen dinero y los capitalistas. Las contradicciones del capitalismo se intensifican al pasar el tiempo y con ello la Constitución se interpreta cada vez más como un instrumento de control. Se trata de un retroceso histórico o de un deshacer el ideal de la democracia hacia la dictadura del capital en el terreno de la Constitución.

En segundo lugar, históricamente, mientras las contradicciones del capitalismo mundial se intensifican, citando a Walter Benjamin, la socialdemocracia pensó que era conveniente asignar a la clase obrera el papel de redentora de las generaciones futuras, cortando así los nervios de su mayor fuerza. Esta formación hizo que la clase obrera olvidara tanto su odio como su espíritu de sacrificio. El antifascismo es una ideología que es una pérdida de tiempo, posponiendo la revolución a un día santo olvidado.

Gracias Johannes Agnoli.[4]

Argumentos contra la colaboración con el enemigo El Antifascismo como arma de contrainsurgencia